Santo Domingo, 26 septiembre 2026. - Durante años el comercio ilícito ha estado asociado a mercancías de contrabando, productos falsificados, bebidas adulteradas, cigarrillos ilegales o medicamentos comercializados fuera de los canales autorizados, todo eso continúa ocurriendo, pero el problema ha evolucionado y hoy puede presentarse de formas menos evidentes y más difíciles de enfrentar.
Así lo planteó César Dmitri Roa Castillo, abogado, especialista en propiedad intelectual, regulación comercial y políticas públicas vinculadas a la prevención del comercio ilícito, quien explicó que en ocasiones el producto o la mercancía son lícitos y la irregularidad puede estar en el valor declarado al importar, en los impuestos que se pagan o dejan de pagar, en el registro de las ventas, en las condiciones laborales o en el cumplimiento de las normas técnicas.
Roa Castillo, destacó que, visto de manera aislada, cada incumplimiento pertenece a un ámbito diferente, “Una subvaluación es un asunto aduanero, una venta no declarada corresponde a la administración tributaria, una irregularidad laboral o migratoria tiene sus propias autoridades; sin embargo, la empresa es una sola y su operación económica también. Cuando varios incumplimientos coinciden de manera reiterada, debemos preguntarnos qué efecto producen en conjunto sobre el mercado”.
Manifestó que la preocupación no es exclusivamente dominicana, al plantear que la globalización, el comercio electrónico y unas cadenas de suministro cada vez más ágiles han reducido costos y ampliado las posibilidades de consumidores y empresas, pero también han creado nuevas oportunidades para actividades irregulares.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea estimaron el comercio mundial de productos falsificados en aproximadamente US $467,000 millones, equivalente al 2.3 % de las importaciones globales según los últimos datos comparables.
En República Dominicana también existen señales que merecen atención. La Dirección General de Aduanas informó que 49 auditorías realizadas durante 2025 dentro de uno de los segmentos importadores sometidos a fiscalización determinaron diferencias impositivas por RD $1,592 millones. La Dirección General de Impuestos Internos ha informado igualmente sobre investigaciones que identificaron operaciones en efectivo, omisiones en declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e ITBIS y ventas mediante tarjetas que no habían sido reportadas adecuadamente.
El abogado César Roa resaltó que las referidas cifras deben interpretarse con cuidado, “No sería responsable concluir que toda empresa perteneciente a un determinado sector opera irregularmente, como tampoco asumir que quien vende considerablemente más barato necesariamente incumple la ley. Hay empresas que compran mejor, manejan grandes volúmenes, reducen intermediarios o cuentan con cadenas logísticas más eficientes. Eso es competencia y beneficia al consumidor”, precisó.
Roa alertó que existe una frontera que no se debe perder de vista, “El problema no es quién compite, sino bajo cuáles reglas compite. Una empresa que vende más barato porque es más eficiente hace precisamente lo que esperamos de un mercado competitivo. Distinto sería que parte de esa diferencia provenga de impuestos que no se pagan, mercancías subvaluadas, obligaciones laborales incumplidas o productos que no satisfacen las normas aplicables. En ese escenario estaríamos comparando estructuras de costos construidas bajo condiciones diferentes, hasta llegar a una deformación peligrosa: que cumplir resulte más costoso que incumplir”.
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