 |
La Contraloría General de la República, dirigida por Félix Antonio Santana García, fue demandada por ante el Tribunal Superior Administrativo, y entre otros requerimientos, se les exige honrar la deuda de RD$580 millones, debido al incumplimiento durante seis años consecutivos del pago de incentivos laborales, a sus propios servidores de Carrera Administrativa.
Oliver Batía, abogado director del Centro Jurídico Batía Ramos y representante de la Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR), tildó de descarado el incumplimiento de pagos de bonos por más de 300 millones de pesos, correspondientes a los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, a pesar de existir leyes, decretos y resoluciones que obligan a su entrega, antes de finalizar cada año.
“Esto no es un simple retraso administrativo, es un abuso sistemático contra servidores públicos de carrera que han cumplido con su labor y han superado las metas exigidas. Es hora de que la Contraloría cumpla la ley y respete a su gente”, afirmó el abogado Oliver Batía, representante legal de la ASP-CGR.
Batía expresó, además, “el derecho a esos pagos está sustentado en la Ley 41-08 de Función Pública, los Decretos 523-09 y 527-09, así como resoluciones emitidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP)”.
La Asociación advirtió, a través del acto administrativo, que este caso podría abrir la puerta a nuevas demandas contra el Contralor Félix Antonio Santana García, la Dirección General de Presupuesto y su director José Rijo Presbot, así como contra el Ministerio de Administración Pública, por su complicidad en la retención ilegal de derechos adquiridos.
0 comentarios:
Publicar un comentario