La falta de personal en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste retrasa procesos judiciales

Santo Domingo Oeste, 29 marzo 2019.- La carencia de personal técnico en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste es uno de los problemas que dan como resultado los aplazamientos y tardanza en los procesos judiciales que se llevan a cabo en esta jurisdicción.

La falta de empleados para dar seguimiento a las citaciones que deben de hacerse a los testigos y víctimas de los casos o a los imputados que se encuentran en libertad es uno de los grandes problemas por los cuales se acumulan los procesos.

En agosto de 2016, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, inauguró la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente Santo Domingo Oeste, para que los usuarios que residan en este municipio, de Pedro Brand, Los Alcarrizos, el Kilómetro 28 y Los Cocos, no tengan que trasladarse hasta Santo Domingo Este.

Uno de los objetivos era agilizar los procesos y dar un mejor servicio a los usuarios de estos municipios.

Esta oficina no es distrito judicial, sino una división de la provincia Santo Domingo y forma parte de la estrategia que el Consejo del Poder Judicial lleva a cabo para garantizar el acceso de los ciudadanos al sistema de justicia, haciendo un énfasis en el primer objetivo estratégico del plan estructurado para el período 2015-2019.

Faltan más alguaciles

Sin embargo, en la actualidad se necesitan más alguaciles para que realicen las citaciones de lugar, ya que por ejemplo en febrero pasado solo se pudo conocer 12 casos y en enero de este año solamente 27. Asimismo, durante este mes tan solo fueron procesados alrededor de ocho casos, mientras que para finales del pasado año, 34.

Los resultados de la falta de personal hacen que los procesos decaigan estrictamente en los tribunales.

En caso de que los imputados, la parte querellante o el Ministerio Público no son notificados con tiempo los procesos se retrasan en gran medida ya que cada audiencia tendría que aplazarse, lo que representa un costo económico para las víctimas, debido a que invierten recursos para llegar a las diferentes audiencias.

Asimismo, es un gasto para el Estado dominicano, entre otras cosas, por el traslado de los implicados que están detenidos, quienes deben ser llevados desde las diferentes cárceles del país en vano ya que en muchos casos las audiencias no pueden ser conocidas.

Además, cuando los procesos son lentos los mismos querellantes se cansan y no continúan.

El poco espacio es otro gran problema

De igual manera, el espacio limitado de la edificación hace que se dificulte la permanencia de los usuarios a la espera de algún proceso propio de algún familiar en conflicto con la ley. El primer nivel donde funciona la Oficina de Atención Permanente es estrecho para la cantidad de personas que ingresan a diario en el mismo. Muchas veces los usuarios deben esperar de pie por largas horas, o en su defecto debe quedarse a las afueras del edificio.

Fuente: elCaribe

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