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Imponen prisión preventiva y domiciliaria a 10 arrestados en la Operación Anti Pulpo


Santo Domingo, 8 diciembre 2020.- El juez de instrucción José Alejandro Vargas declaró complejo el expediente por corrupción administrativa abierto a raíz de la Operación Anti Pulpo que desarticuló un entramado delictivo operado por Juan Alexis Medina Sánchez, quien deberá guardar tres meses de prisión preventiva.

Medina Sánchez deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal, al igual que los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes, entre otros delitos, incurrieron en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

La imputada Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, deberán cumplir tres meses de arresto domiciliario, con un brazalete en caso de ser posible, o bajo vigilancia del Ministerio Público. Ambos tendrán que presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantendrán con impedimento de salida del país.

El exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando A. Rosa Rosa, también tendrá que cumplir tres meses de prisión preventiva en el CCR San Cristóbal.

Julián Esteban Suriel Suazo, a quien se le ocupó un arsenal ilegal, así como José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda deberán guardar tres meses de prisión preventiva en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.

El juez alertó que la permanencia de esos tres imputados en las calles puede llevarlos a distraer pruebas del proceso. 

Respecto al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor de la República, también deberá cumplir arresto domiciliario, con un impedimento de salida del país.

Mientras, el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedará en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación de la Operación Anti Pulpo.

Vargas estableció que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional sea el que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria de juicio.

Antes de anunciar su decisión, el magistrado ponderó aspectos de la acusación del Ministerio Público; en ese contexto, resaltó que “hay una estafa” respecto al suministro de hormigón asfáltico líquido (AC-30) al Estado de una de las empresas de Medina Sánchez en la que el entonces director de la Oisoe, Pagán Rodríguez, tiene su responsabilidad penal comprometida por complicidad.

El señor Pagán Rodríguez era “el más arrestado de todos” por la premura en favorecer al imputado Medina Sánchez, dijo el magistrado.

Juez ordena liberar al expresidente brasileño Lula da Silva, preso por corrupción

Sao Paulo, Brasil, 08 julio 2018.- Un juez de un tribunal brasileño concedió este domingo libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el pasado 7 de abril por corrupción pasiva, confirmaron fuentes oficiales.

El juez Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre, concedió un “habeas corpus” a Lula y pidió que la medida sea cumplida en régimen de “urgencia”.

Por tanto, este mismo domingo podría recuperar la libertad.

Lula se encontraba en prisión desde el 7 de abril, cuando se entregó voluntariamente a la Policía Federal para cumplir su condena de segunda instancia.

Sin embargo, no dejó de lado su campaña presidencial, que ahora parece tener un mejor futuro de cara a los comicios de octubre.

El expresidente se encuentra ligado al caso Java Lato, un entramado de corrupción ligado a la empresa Odebrecht.

Procuraduría confirma investiga Martínez Pozo y Dany Alcántara por caso Odebrecht

Santo Domingo, 07 mayo 2018. - La Procuraduría General de la República confirmó este lunes que investiga a los comunicadores Danny Alcántara y Julio Martínez Pozo y sus familiares por sus presuntos vínculos con los sobornos pagados por la empresa Norberto Odebrecht, a través del empresario Ángel Rondón Rijo, para ser favorecida con obras del Estado.

Julieta Tejada, directora de prensa y comunicaciones de la institución, dijo que con autorización del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, se están realizando varias diligencias investigativas tendentes a verificar si los comunicadores y sus parientes están implicados en la red que distribuyó US$92 millones en soborno del 2001 al 2014 a funcionarios y exfuncionarios públicos.

“Sí, están siendo investigados por orden de un juez, como están siendo investigadas muchísimas otras personas y los resultados de esas investigaciones dirán si existen indicios penales o si no existen”, expresó.

Tejada rehusó precisar el número de personas a las cuales investigan. Dijo desconocer el modo en que los comunicadores se enteraron del accionar del Ministerio Público, y que el comunicado distribuido por la institución, previo a que Alcántara y Martínez dieran la mañana de este lunes una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas informando presuntos atropellos y amenazas que les hiciera el procurador general Jean Alain Rodríguez, fue emitido como parte de sus facultades.

“No sabemos porque ellos dieron esa rueda de prensa... La Procuraduría General de la República hace uso de la facultad que tiene para comunicar en un momento dado lo que entienda debe ser de interés nacional”, respondió al preguntarle en qué se basaba la procuraduría para emitir un comunicado de prensa horas antes de que los comunicadores dieran la rueda de prensa.

Respecto a la denuncia de Alcántara y Martínez Pozo en el sentido de que el procurador los habría chantajeando, Tejada dijo que no iba a referirse a ese aspecto.

Según lo dicho por Danny Alcántara y Julio Martínez Pozo, el procurador pidió autorización para realizar una investigación “alegando vinculación con el imputado Ángel Rondón y con pretexto de que pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero, producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas”.

Acusaron a Rodríguez de ser un “engreído”, que no está capacitado ni profesional ni emocionalmente para ejercer la función como máximo representante del Ministerio Púbico y que se ha ensañado con ellos por sus comentarios en los medios, según diariolibre.com

Expresidente de Panamá Ricardo Martinelli es detenido en Estados Unidos

Estamos Unidos, 13 junio 2017.- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), requerido en su país por un caso de escuchas ilegales, fue detenido este lunes en Miami, informó a Efe su abogada, Alma Cortés.

Las autoridades "fueron a notificarlo de que tiene un proceso" judicial en Panamá, "eso conlleva la presentación automática ante la autoridad" y "estará detenido" hasta que los abogados paguen una fianza de excarcelación que se están tramitando, dijo Cortés.

Cortés, exministra del Trabajo de Martinelli y una de sus más cercanas colaboradoras, dijo que esperaba comunicarse esta misma noche con los abogados del expresidente en Estados Unidos para saber "cómo se encuentra".

Ni los abogados ni Martinelli, muy activos en las redes sociales, han hecho publicaciones sobre la detención.

Solo un dirigente del partido del expresidente, Cambio Democrático (CD), Rodrigo Sarasqueta, escribió en su Twitter: "A todos les informo que no se alarmen, Ricardo Martinelli está bien. Pronto, luego de breve procedimiento legal será puesto en libertad"

El exmandatario tiene una alerta roja de Interpol desde el pasado 21 de abril solicitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, que lo investiga por la supuesta interceptación de comunicaciones privadas durante su Administración.

Martinelli no regresa a Panamá desde enero de 2015, cuando la CSJ le abrió la primera de una decena de causas en las que se le investiga, la mayoría de ellas por supuesta corrupción.

La notificación de Interpol está sustentada en los supuestos delitos "Contra la Inviolabilidad del Secreto y del Derecho a la Intimidad (interceptación de comunicaciones sin autorización judicial)" y "Contra la Inviolabilidad del Secreto y del Derecho a la Intimidad (Seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial)".

También por "Delito Contra la Administración Pública en diferentes formas de Peculado (Peculado por Sustracción o Malversación) y Delito Contra la Administración Pública en diferentes formas de Peculado (Peculado de Uso)", de acuerdo con la información oficial.

La Cancillería de Panamá solicitó a Estados Unidos en septiembre del año pasado detener y extraditar a Martinelli, a quien la CSJ quiere interrogar bajo la acusación de haber ordenado la interceptación de las comunicaciones a casi dos centenares de personas cuando fue presidente.

En abril, el Órgano Judicial de Panamá publicó en dos diarios estadounidenses la notificación para el expresidente sobre la audiencia de imputación de cargos de este proceso judicial, pautada para el pasado 10 de mayo.

Como el político no se presentó, la vista judicial se pospuso para el próximo 14 de junio, para darle una nueva oportunidad.

Medios locales en Panamá indicaron este lunes que la detención de Martinelli en Miami se produjo después de que se le negara al expresidente una solicitud de asilo.

Dos hijos del expresidente también tienen en su contra alertas de Interpol por su vinculación con el caso de los sobornos de la brasileña Odebrecht.

Dictan prisión para casi todos los imputados caso Odebrecht

Santo Domingo, 08 junio 2017.- El juez de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, dispuso este miércoles prisión de un año para Ángel Rondón y nueve meses para Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga por los presuntos sobornos y otros ilícitos vinculados al caso Odebrecht. 

El empresario Rondón, quien ha sido señalado por el Ministerio Público como el hombre la persona que entregaba los sobornos (hombre del maletín), deberá cumplir la medida en la cárcel La Victoria y Díaz Rúa y Pittaluga en Najayo Hombres.

De seis meses para el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; Andrés Bautista, presidente del PRM y ex presidente del Senado y el ex diputado Ruddy González. Los tres deberán cumplir la coerción en Najayo Hombres.

Igualmente, para César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y a Máximo D Oleo, tres meses en la misma prisión.

Para Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Dominicano de Aguas Potables (Inapa) le impuso nueve meses de arresto domiciliario.

En tanto que impuso el pago de una fianza de cinco millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida contra los senadores Tommy Galán -San Cristóbal- y Julio César Valentín -Santiago, y el diputado -DN- Alfredo Pacheco, quien fue presidente de la Cámara de Diputados. Estos imputados tienen inmunidad parlamentaria por su condición de congresistas.

Otra de las disposiciones del magistrado Ortega fue la ratificación del desglose del imputado Bernando Castellanos, quien está fuera del país y contra quien se pidió una orden de captura internacional.

Declaró también el proceso libre de costos por tratarse de una fase preparatoria y rechazó todas las excepciones de incidentes "por improcedentes, mal fundadas, y carentes de base legal".

Acusación del Ministerio Público

En la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público entregó ante el Juez de la Instrucción Especial, Francisco Antonio Ortega Polanco, se hace énfasis en el notable incremento patrimonial de los 14 acusados, pero no se especifica cuánto habrían recibido de la empresa Odebrecht, por concepto de sobornos.

En la instancia de 336 páginas, refrendada por el procurador General de las República, Jean Alain Rodríguez, se dedican por lo menos 143 páginas a detallar cómo cada uno de los imputados adquirió propiedades e incrementó sus bienes, durante los lapsos en los cuales se desempeñaron como funcionarios públicos. 

Sin embargo, en ningún lugar aparece con exactitud cuánto recibieron de Odebrecht o si de verdad fueron sobornados a manos del “Hombre del Maletín”. En el capítulo dedicado al enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado, sólo se reitera la frase: “el imputado tuvo un crecimiento económico insostenible con relación al salario que devengaba” y “es una evidencia del enriquecimiento ilícito”.

La investigación, que lleva aproximadamente seis meses y que contempló el interrogatorio de 35 personas, el allanamiento a la sede de Odebrecht en el país y la firma de un acuerdo entre la empresa y el Estado dominicano, indica que Ángel Rondón habría recibido al menos 101 depósitos desde el año 2007, de parte de la constructora a través de sus cuentas en el extranjero. 

En el 2014 recibió más dinero

Los años donde mayor cantidad de dinero recibió fueron 2012, 2013 y 2014. Sólo en éste último, le habrían depositado más de 37 millones de dólares. El año donde recibió menos cantidad de dinero fue el 2007, registrándose en su cuenta cuatro depósitos por un total de US$1,214,848. Las empresas a las cuales se transfería el dinero eran Conamsa, Internacional y Lashan Corp, a través de cuentas en el Meinl Bank Antigua. 

En su escrito, el MP explica que de acuerdo a las declaraciones ofrecidas por los ejecutivos de la empresa Marco Antonio Vasconcelos Cruz y Luis Eduardo Da Rocha, el dinero de Odebrecht era entregado a Ángel Rondón Rijo y éste a su vez lo distribuía entre los funcionarios dominicanos para influir en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos.

De los funcionarios imputados, el que más habría incrementado su patrimonio, según se detalla en la solicitud, es el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa. 

Delitos que se les imputan

Los 14 implicados son acusados de asociación de malhechores y de formar parte de una estructura dedicada al soborno y al lavado de activos; sin embargo, en el caso del empresario Ángel Rondón Rijo, éste es señalado de haber sobornado a funcionarios y legisladores y de adquirir fondos producto de esta actividad para su enriquecimiento. También es acusado de lavado de activos. 

Mientras que Juan Roberto Rodríguez, César Domínguez Sánchez Torres, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leonidas De Óleo Ramírez, Ramón Radhamés Segura, Porfirio Andrés Bautista García, Alfredo Pacheco Osoria, Tommy Galán, Juan Temístocles Montás, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pitttaluga, Julio César Valentín Jiminián y Ruddy González son imputados de aceptar soborno, coalición de funcionarios, falsedad, prevaricación, desfalco, concusión, lavado de activos y de mentir en su declaración jurada de patrimonio.

A Roberto Rodríguez, en su condición de director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados en el período 2002-2004, se acusa de aceptar sumas de dinero en soborno por parte de Ángel Rondón para la contratación y ejecución de las adendas I y II de la Construcción del Acueducto de la Línea Noroeste y de asociarse para violentar las leyes con los coimputados Porfirio Andrés Bautista García y Alfredo Pacheco Osoria. 

Como administrador General de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) del 2000 al 2004, César Sánchez habría recibido sobornos junto al director técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Bernardo Antonio Castellanos de Moya, y el administrador de la EGEHID, Máximo Leonidas De Óleo Ramírez, para la contratación de la Hidroeléctrica Pinalito. 

Ramón Radhamés Segura, en su calidad de vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE de 2004 a 2009, es señalado de recibir sobornos para la contratación y ejecución de la Hidroeléctrica Pinalito y la contratación de la Hidroeléctrica Palomino, de desviar fondos para la Secretaría de Obras Públicas y de asociarse con Víctor Díaz Rúa para violentar las leyes. 

Porfirio Andrés Bautista García, en su condición de presidente del Senado entre los años 2001 y 2006, es imputado de recibir sobornos para la aprobación del financiamiento del Acueducto de la Línea Noroeste, incluida su ampliación, y la Hidroeléctrica de Pinalito. 
Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, del 2003 al 2006, habría aceptado sobornos para la aprobación del financiamiento de la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste y las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino. 

Tommy Galán, en calidad de presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, es señalado de recibir soborno para viabilizar la aprobación del financiamiento para el Acueducto de Samaná, Autopista del Coral, Corredor Duarte, Carretera Casabito, Carretera Río Jarabacoa y el Corredor Duarte II. 

Juan Temístocles Montás, en calidad de Secretario Técnico de la Presidencia y ministro de Economía de 2004 a 2016, habría aceptado soborno para viabilizar el financiamiento de la Hidroeléctrica Palomino, Acueducto de Samaná, Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera Casabito, Carretera Río Jarabacoa y Corredor Duarte II. 

Víctor Díaz Rúa figura en el expediente en calidad de director del Inapa y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por presuntamente haber recibido soborno para la contratación y ejecución del cierre del Acueducto de la Línea Noroeste, Ampliación de la Línea Noroeste, Acueducto de Samaná, Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera Casabito, Carretera Río Jarabacoa, Corredor Duarte II y de asociarse con Ramón Radhamés Segura para violentar la Ley Sobre Compras y Contrataciones.

Conrado Enrique Pittaluga es acusado se asociarse con Víctor Díaz Rúa y de recibir soborno para la construcción de la Autopista de Coral. 

Finalmente, Julio César Valentín, en calidad de presidente de la Cámara de Diputados y senador y Ruddy González, en calidad de diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, son imputados de recibir soborno, pero no se especifica para qué.

Peligro de fuga

El MP había solicitado para los imputados, prisión preventiva de 18 meses y la declaratoria de complejidad del caso. En cuanto a la declaratoria de complejidad, resalta que por la pluralidad de los hechos (al menos ocho delitos), la pluralidad de los imputados, la pluralidad de los elementos probatorios y la acciones ilícitas que investigan, las cuales estarían asociadas a estructuras criminales de naturaleza grave, se hace necesario un mayor lapso para fortalecer la investigación. 

Además, fundamenta su solicitud de prisión preventiva en el hecho de que, tal y como lo establece el artículo 227 del Código Procesal Penal, podrían existir elementos de prueba suficientes para sostener que los imputados son con probabilidad autores o cómplices de una infracción y se presume la existencia peligro de fuga. 

“En el presente caso, no sólo se dan las circunstancias previstas en la norma procesal citada, sino que por la gravedad de los hechos atribuidos a los imputados, por las condiciones personales de éstos, por la facilidad de trasladarse o desplazarse fuera del país, por la posición que han ocupado en las instituciones públicas donde acontecieron los hechos, son supuestos fácticos que hacen presumir que le servirán como herramientas útiles para mantenerse ocultos”, señala el documento.

¿Quiénes pretenden beneficiarse del acuerdo?

El 16 de marzo, el MP y Odebrecht suscribieron un Acuerdo Reformulado, en el cual la empresa se compromete a cooperar con la investigación, identificar a los funcionarios públicos sobornados y a colaborar con el suministro de todo lo que sea requerido por las autoridades dominicanas para esclarecer los hechos. Por su parte, Odebrecht logró la extinción penal de la empresa, sus sucursales, subsidiarias, personas jurídicas de su grupo económico, accionistas, directores, gerentes y empleados directos. En el artículo 8 del referido acuerdo al único gerente que se excluye del beneficio de la extinción penal es Ángel Rondón Rijo. Tomando en consideración esta situación, posiblemente dos personas que están en el expediente podrían aparecer como directivos de Odebrecht en RD y con ello pretenderían ampararse en el acuerdo para evitar ser llevados a juicio.

Fuente: elCaribe

Conozca los vínculos de los sometidos por los sobornos de Odebrecht

Trasciendió foto de Ángel Rondón en pantalones cortos en el Palacio de Justicia
Santo Domingo, 30 mayo 207.- Estos son los detenidos por el escándalo de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht. De acuerdo con el abogado penalista José Parra Báez, los imputados podrán enfrentar penas de 10 a 20 años de prisión, debido a los cargos de lavado de activos. Las penas por lavado pueden llegar a 20 años y por soborno 10 años.

Fuente: DiarioLibre
Temístocles Montás
Temístocles Montás
Actual ministro de Industria y Comercio y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo (2012-2016), exsecretario Técnico de la Presidencia, 2004-2007 y 1998-2000; administrador de la CDE. Es parte del Comité Político del PLD y fue precandidato presidencial para las elecciones de 2016.
Julio César Valentín
Julio César Valentín
Es senador del PLD por Santiago desde el 2010. También fue diputado en el período 1998-2010, presidente de la Cámara de Diputados (2006-2010). Es parte del Comité Político del PLD, vinculado al grupo del expresidente Leonel Fernández, aunque apoyó la reelección de Danilo Medina.
Tommy Galán
Tommy Galán
Actual senador por San Cristóbal desde el 2006; diputado 2002-2006. Es miembro del Comité Central del PLD y vinculado al presidente Danilo Medina. Fue uno de los grandes defensores de la reelección del mandatario en el Congreso. Es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.
Alfredo Pacheco
Alfredo Pacheco
Diputado del PRM por el Distrito Nacional y diputado por el PRD en el período 1994-2006. Presidente de la Cámara de Diputados 2003- 2006. Entre 1990 y 1994 fue regidor y dos veces candidato a síndico por el Distrito. En la actualidad es aliado de Luis Abinader dentro del PRM.
Andrés Bautista
Andrés Bautista
Es el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM). Exsenador por Espaillat y presidente del Senado en el período 2001- 2006. También estuvo en la dirección del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del que fue expulsado por el presidente de esa organización política.
Víctor Díaz Rúa
Víctor Díaz Rúa
Exministro de Obras Públicas (2007-2012). La Fiscalía del Distrito le acusó de corrupción, pero el caso fue archivado. Fue director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) del 2004 al 2007 y es el secretario de finanzas del oficialista PLD y miembro de su Comité Central.
Radhamés Segura
Radhamés Segura
Es parte del Comité Político del PLD, donde ha sido encargado de Propaganda, de Asuntos Profesionales y de Energía. Exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE en los períodos 1998-2000 y 2004-2009. Ha sido precandidato presidencial por el PLD en por lo menos dos ocasiones.
Ángel Rondón
Ángel Rondón
Empresario, dueño de AAA Dominicana, empresa contratista del Estado. Se le reconoce como lobista y hay quienes le vinculan con la mística figura del “Hombre del Maletín”. Fue señalado como la persona que recibió los US$92 millones de sobornos de Odebrecht. Era su representante comercial.
César Sánchez
César Sánchez
Exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE 2000-2004, miembro del opositor PRM. Es uno de los comisionados para investigar el contrato de Punta Catalina. En 2006 fue sometido a la justicia por manejo irregular de RD$2,168 millones de Bonos Soberanos, pero fue descargado.
Ruddy González
Ruddy González
Exdiputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), provincia Azua. Fue miembro de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Como vocero del bloque de los diputados perredeístas, encabezó la alianza en el Congreso para los votos a favor de la reelección de Medina.
Roberto Rodríguez
Roberto Rodríguez
Exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) 2000-2004, tiempo en el que se contrató con Odebrecht el acueducto de la Línea Noroeste. Ganó la diputación por el Seibo para el período 2016-2020, pero renunció por cuestiones de salud, y dejó un hijo en su curul.
Máximo De Oleo
Máximo De Oleo
En su perfil de Linkedin se define como ingeniero mecánico electricista, con especialidad en Hidroelectricidad. También expone que trabajó en la CDEEE durante 25 años, desde el 1979 hasta el 2004. Fue administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).
Conrado Pittaluga
Conrado Pittaluga
Abogado y notario. Su nombre salió al escenario público cuando un delator en Brasil lo mencionó entre un grupo de dominicanos que había manejado cuentas alimentadas por Odebrecht. Además hizo de notario en contratos firmados por Víctor Díaz Rúa cuando fue ministro de Obras Públicas.
Bernardo Castellanos
Bernardo Castellanos
Es ingeniero civil, especialista en temas energéticos. A través de sus artículos, ha sido un gran crítico de la plantas a carbón de Punta Catalina. Su nombre no figura entre los que fueron interrogados por la Procuraduría. Fue presidente de la Comisión de Energía del PRD, ahora es del PRM.